El camino actual conduce al fracaso económico, la pobreza y la pérdida de libertades
Venezuela se encuentra inmersa en una crisis profunda, económica, social y política, que en 2009 se manifestó a través de la concurrencia de un cuadro de recesión económica, con una caída de 2,9 por ciento del producto que tiende a profundizarse en 2010; alta y persistente inflación; disminución sostenida de la producción petrolera y mayor dependencia de los precios del petróleo; creciente desempleo y subempleo; pérdida de poder adquisitivo de los salarios; colapso de las empresas básicas de Guayana; cierre de más de 40 por ciento de las empresas manufactureras privadas que existían en 1998, y pérdida de espacios de libertad asociados al desmembramiento de las instituciones democráticas fundamentales.
A esta situación económica se agrega el rápido deterioro del sistema eléctrico nacional, la falta de producción de gas para los sectores público y privado, decadencia de la salud social a pesar de haber sido prioridad de inversión y gasto público, inseguridad desbordada asociada a crimen organizado y narcotráfico, y una larga serie de arbitrariedades políticas y económicas como consecuencia de la carencia de independencia de los poderes públicos para servir a la sociedad. También están presentes los escándalos de corrupción y fraude puestos de manifiesto con la quiebra e intervención de un grupo de bancos y otras instituciones financieras vinculados a altos funcionarios del régimen. Finalmente, las más recientes medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas, la devaluación del bolívar decretada el viernes 8 de enero de 2010 y nuevas reducciones de reservas internacionales por US$ 7.000 millones que agravan aún más la ya evidente debilidad del bolívar. En suma, estos problemas, entre otros, muestran un camino de graves errores de concepción, administración y políticas por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez que conducen a la nación al fracaso.
La crisis y el deterioro socioeconómico del país
La crisis actual de Venezuela tiene su origen en el rumbo trazado por el Presidente, el intento de imponer sin base constitucional un sistema socialista similar al socialismo real o marxista-leninista del siglo pasado, basado en un esquema rentista exacerbado, aumentando la dependencia del petróleo, al tiempo que se ha ejecutado una política sistemática de reducción, expropiación o destrucción del aparato productivo privado.
En la raíz de la crisis se conjugan dos elementos interrelacionados. Un ciclo particularmente intenso de auge de precios del petróleo (2003-2008) con posterior caída seguida de una recuperación significativa; y un cambio institucional regresivo, claramente antidemocrático, orientado a la imposición gradual un nuevo régimen de propiedad pública sobre los medios de producción hegemonizado por el Estado y los altos funcionarios del Ejecutivo Nacional.
Durante el gran auge, los precios del petróleo tuvieron un alza espectacular hasta alcanzar su máximo nivel en 2008. En ese año, el valor de las exportaciones petroleras venezolanas fue siete veces mayor que las exportaciones de 1998, al aumentar de US$12.178 millones en 1998 a US$ 89.128 millones en 2008, según cifras oficiales. El incremento de los ingresos externos permitió estimular el crecimiento económico durante 2003-2008, a través de una política fiscal fuertemente expansiva y el financiamiento monetario del gasto parafiscal. La combinación de impulsos exagerados de demanda con restricciones de la producción interna, originadas en un sinnúmero de controles y regulaciones a las empresas privadas, en el marco de una grave afectación a los derechos de propiedad, han limitado el crecimiento del producto potencial, generando la inflación más alta de América Latina y de las economías emergentes del mundo. La consecuencia fue un crecimiento económico de baja calidad, sin diversificación productiva.
Para contener las presiones inflacionarias, el gobierno implementó desde el año 2003, repitiendo errores del pasado, un distorsionante control de cambio, de precio de bienes y servicios, y un tipo de cambio fijo y único como ancla nominal para intentar controlar la inflación, con los vicios y errores ya conocidos de experiencias previas. No obstante ello la inflación se elevó provocando una intensa sobrevaluación del bolívar respecto al dólar, lo que estimuló una expansión desmedida de las importaciones y una pérdida de competitividad del sector productivo exportador; esta situación ha debilitado sensiblemente la capacidad productiva interna y restringido la creación de empleos productivos y a partir de 2008 ya se observa una disminución de las remuneraciones reales.
Al respecto hay que añadir que las exportaciones no petroleras disminuyeron sensiblemente en 2009 a US$ 3.326 millones, una cifra cercana a la mitad del monto alcanzado en 2006. La fuga de capitales ha continuado a través de la compra en bolívares de bonos gubernamentales denominados en dólares y es notable la baja inversión privada para aumentar la producción nacional. La alta inflación desde 2008, por su parte, comenzó a incidir significativamente en el deterioro del poder adquisitivo del salario real.
A pesar del elevado gasto público de los últimos años, la inversión real en áreas importantes para el desarrollo de largo plazo, como construcción y mantenimiento de infraestructura pública, ha sido muy baja, lo cual se comprueba en la falta de nuevos acueductos para el suministro agua a las grandes ciudades, las deplorables condiciones de la red vial nacional y la grave crisis eléctrica actual, por falta de inversión oportuna. PDVSA se ha transformado en un apéndice político del Gobierno Central. Su nómina de trabajadores se ha duplicado con creces en cinco años y, al mismo tiempo ha sufrido un franco deterioro importante en la calidad de su capital humano. La empresa petrolera estatal ha adquirido atribuciones ajenas y variadas, con actividades que se han extendido hasta sectores tan disímiles como la agricultura y la comercialización de alimentos. Su pérdida de eficacia y productividad ha sido considerable, con menor transparencia, signos de amplia corrupción, creciente endeudamiento y problemas de caja recurrentes que inciden en mora prolongada en cuentas por pagar y paralización de servicios de mantenimiento.
Venezuela, a pesar de contar con reservas de hidrocarburos muy elevadas, ha entrado en una fase declinante como productor de petróleo. El sector de empresas básicas de Guayana, al cual se incorporó Sidor con su estatización en 2008, se encuentra muy cercano al colapso, con repercusiones en todo el entramado económico nacional. El caso de Sidor es emblemático. Una empresa que generaba ganancias, grandes volúmenes de exportación de productos de acero, con un alto nivel de empleo, un año y medio después de la estatización arroja pérdidas, retrasos en programas de mantenimiento, parcialmente paralizada, con el futuro de sus trabajadores comprometido y abriendo el mercado nacional para la importación de rubros básicos de acero, por la insuficiencia de la producción nacional.
Sustitución del Estado democrático por un Estado autoritario
El otro componente central de la crisis está representado por la pretensión de imponer un modelo político-institucional que eleva la intervención del gobierno en todas las esferas de la sociedad, una versión que a pesar de la presunta novedad, promete a aproximarse al socialismo marxista-leninista que imperó en la extinta Unión Soviética y que aún perdura en fase crítica en Cuba. Particularmente, en el culto al jefe supremo, como única referencia del proceso político, con la consecuente pérdida de contrabalance democrático entre los poderes públicos.
Con la finalidad de concentrar mayor poder económico y político en el Estado, el gobierno ha procedido a realizar numerosas expropiaciones y confiscaciones de empresas del sector agrícola, agroindustrial, industriales y construcción, y últimamente en el sector comercial. La expansión del Estado y de sus atribuciones ha sido muy pronunciada. Se han afectado los derechos de propiedad, reducido la acción de las organizaciones económicas privadas y deteriorado el funcionamiento de los mercados, conformándose un arreglo institucional que propicia una elevada ineficiencia en el uso de los factores productivos. Hoy se erige un Estado hipertrofiado, abarrotado de ministerios y empresas públicas de toda índole, sin controles de gestión, que absorben recursos fiscales en forma creciente, manejados sin transparencia ni rendición de cuenta, lo que ha sido y es fuente de generalizado clientelismo y corrupción.
En el ámbito político han desaparecido rasgos centrales que caracterizan la moderna democracia participativa como la separación de poderes y han surgido crecientes obstáculos contra la garantía constitucional de pluralidad. Se ha debilitado deliberadamente el proceso de descentralización que tanto favoreció la calidad del gobierno regional y se han concentrado las atribuciones del Estado en el gobierno central, contrariando el espíritu y la letra de la Constitución vigente. Si se juzga por la evidencia de los últimos años, el “socialismo del siglo XXI” es una ruta al estatismo autoritario, con una conducción errática e improvisada, y un manifiesto componente de corrupción. De consolidarse este rumbo económico y político, se afectaría en forma profundamente negativa el futuro de la sociedad venezolana, además de desconocer abiertamente la Constitución Nacional.
Las medidas económicas de 2010
En el inicio de 2010, la respuesta del gobierno ante la contracción económica y las presiones inflacionarias simultaneas de la economía, ha consistido en algunas medidas económicas puntuales de carácter fiscalista, destacando la devaluación del tipo de cambio nominal a 4,30 Bs./US$, el establecimiento de un régimen cambiario múltiple con una tasa de cambio preferencial adicional de 2,60 Bs./US$, con amplios espacios de ambigüedad e indefinición, propicios para la discrecionalidad y corrupción. Igualmente se anunció el traspaso de US$ 7.000 millones de las reservas internacionales del BCV al Fonden, para ser utilizados como recursos parafiscales a discreción por la Presidencia de la República, tanto en gasto interno de diversa naturaleza, como en la ayuda financiera con gobiernos extranjeros afines y en la compra de costosos sistemas de armamento.
Varios elementos explican el viraje brusco de la política cambiaria. El tipo de cambio nominal de Bs. 2,15 por dólar fue imposible de sostener por la reducción de los ingresos petroleros, debido a la abrupta declinación de las exportaciones, por caída de los precios. Como es sabido, una devaluación importante del tipo de cambio nominal puede proporcionar un aumento significativo de ingresos fiscales, que ahora son dispuestos por el Ejecutivo con exclusivo arbitrio. Las elecciones parlamentarias de este año permiten suponer que tales ingresos serán utilizados considerablemente en gasto electoral y respaldo de las aspiraciones políticas de la elite en el poder.
Como numerosos analistas y agentes económicos lo han advertido, la política aplicada a partir de 2005, con fuerte expansión fiscal y monetaria e intento de controlar la inflación a través del tipo de cambio nominal fijo, condujo a la apreciación real del tipo de cambio. La inflación interna fue elevada a pesar del acelerado incremento de las importaciones y de los controles de precios. Con una inflación externa muy baja y un tipo de cambio nominal fijo de Bs 2,15 por dólar, el tipo de cambio real se apreció en forma significativa, haciendo que los productos importados resultaran más baratos que los domésticos.
El gobierno ha manifestado que la devaluación del tipo de cambio nominal está orientada a la búsqueda de competitividad en los mercados externos de los bienes producidos en el país, así como a la industrialización sustitutiva de importaciones. Este argumento carece de sustentación veraz, pues la devaluación del tipo de cambio nominal por sí misma no mejora la competitividad de los sectores productores de bienes transables no petroleros. El efecto positivo de la devaluación depende del conjunto de políticas gubernamentales que se instrumenten y de la evolución que tenga el tipo de cambio real en el tiempo, pero no de una devaluación puntual en un ambiente de alta inflación interna.
Estas medidas de índole fiscal sin búsqueda de estabilidad macroeconómica, acompañadas de las nuevas expropiaciones arbitrarias por orden presidencial, el retraso sistemático de Cadivi en entregar divisas a tipo de cambio oficial, el racionamiento del suministro eléctrico, son incompatibles con la idea de mejorar la competitividad de los bienes transables no petroleros, cuando además persisten las fuertes presiones inflacionarias. Con la devaluación de la moneda se causa un efecto inicial restrictivo desde el lado de la oferta, sometida por el efecto adverso de diversos controles. Si esto, como es previsible, se combina con una política fiscal y monetaria altamente expansiva y una elevación generalizada de los costos externos por la devaluación, el resultado final será una mayor escalada inflacionaria y el reinicio de un nuevo proceso de apreciación real de la moneda, sin lograr sustituir importaciones ni estimular exportaciones, planteándose la necesidad de una nueva devaluación, según la tendencia en menos de 24 meses, aunque la decisión política se postergue. En abstracción de la crisis eléctrica, el resultado probable de la devaluación del bolívar hubiese sido la prórroga de la estanflación. Al considerar la restricción eléctrica y la mayor incertidumbre jurídica puede esperarse una más profunda recesión en 2010, mientras el resto de América Latina se recupera rápidamente de la crisis iniciada 2008.
Se observa con alarma la posibilidad de que el gobierno nacional, agobiado ante la realidad de un deterioro económico prolongado bajo sus políticas, en vez de rectificar, pueda proceder a modificar el sistema de cuentas nacionales del país, el cual ha seguido las pautas de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales desde hace 60 años para garantizar la armonía, comparaciones con otras naciones y adecuada medición de todas las actividades económicas y gasto gubernamental (incluyendo la incidencia del gasto social). Es de advertir que ya el gobierno ha propiciado la revisión de mediciones de producto interno bruto (PIB) al alza, a través de modificaciones en las estadísticas sobre el sector petrolero y gubernamental, provistas por sus ministerios al Banco Central de Venezuela; esto afecta negativamente la credibilidad en el sistema estadístico nacional, que debe estar distante de las conveniencias del gobernante de turno.
Es necesario cambiar de rumbo
La crisis que afecta a Venezuela no es transitoria, ni coyuntural, ni superable sólo con el alza de los precios del petróleo. La capacidad productiva del país, petrolera y no petrolera, pública y privada, está seriamente deteriorada y el Estado severamente desautorizado por la ineficiencia y la corrupción en un contexto de problemas sociales que se tornan cada vez más críticos. El país requiere iniciar ya una amplia rectificación para la reconstrucción socioeconómica, lo cual demanda el establecimiento de un nuevo rumbo. No obstante, hay pocas señales que indiquen que el gobierno nacional esté dispuesto a asumir la responsabilidad de los errores cometidos y transitar un camino alejado del socialismo rentista que se intenta imponer. Se trata de una gran responsabilidad política y moral ante la evidencia que millones de habitantes padecen por los errores gubernamentales, y, sin embargo, se insiste en un camino determinado por convicciones autoritarias fuera de época y un cálculo político sectario.
El nuevo rumbo debería estar orientado al crecimiento económico sostenido, con baja inflación, diversificación productiva y protección del medio ambiente. Estas condiciones económicas aumentarían la efectividad de una política social y de generación de empleos, centrada en la inclusión de sectores sociales hasta ahora excluidos de la economía productiva. Al igual que las economías más exitosas del mundo, desde India y Brasil hasta China y Perú, se debe buscar un mejor funcionamiento de los mercados, el respeto a los derechos de propiedad, el acceso a la educación de calidad y la necesaria participación del Estado con instituciones reguladoras, estabilizadoras y de seguridad social.
Dado el carácter petrolero de la economía venezolana es muy importante establecer reglas fiscales efectivas para proteger el ritmo de actividad económica de la volatilidad de los precios del petróleo, tanto al alza como a la baja. Iniciar cambios en la estructura productiva, que nos alejen de la especialización extrema en petróleo a la que se nos ha conducido, requiere de política industrial, agrícola, minera, tecnológica en un ambiente de baja inflación. Debemos aprender de los errores del pasado. La idea que la disponibilidad de crédito de entes financieros estatales con tasas de interés preferenciales fomenta nuevas iniciativas productivas, a pesar de prevalecer un ambiente de serias distorsiones económicas, constituye un errado sesgo en el uso de los recursos petroleros, que más bien estimula actividades especulativas y fraudes a la Nación. De ahí la importancia de bajar la inflación y alcanzar un régimen de tipo de cambio único estable, con libre convertibilidad, tal como existe en la absoluta mayoría de las economías emergentes del mundo.
En el caso venezolano se trata de aglutinar la base petrolera nacional con un plan de diversificación de la estructura económica de mediano y largo plazo, y auspiciar el incremento de la productividad laboral en las empresas públicas y privada. Es una tarea difícil y compleja pero no imposible. En pocos años los resultados positivos de un plan bien ejecutado pueden hacer sentir los extensos beneficios de la rectificación de fondo y ser la base de un gran despegue económico de largo plazo para el país.
En el amplio esfuerzo del cambio de rumbo que se debe iniciar en el presente es indispensable avocarse a la recuperación de una verdadera institucionalidad democrática, con poderes públicos genuinamente en función del interés nacional. Este esfuerzo debe ser acompañado de un franco debate público de ideas sobre cómo se puede rectificar en materia económica, petrolera y social. Ello permitiría lograr definiciones sobre las características centrales de un nuevo rumbo orientado hacia el desarrollo económico con bienestar y equidad social, las cuales serán fundamentales para cuando los venezolanos decidan en los procesos electorales correspondientes que ya basta de insistir en un esquema ideológico comprobadamente ruinoso que ha exacerbado lo peor del rentismo petrolero. De asumir esta responsabilidad depende el futuro de Venezuela.
Suscrito por 18 economistas:
HUMBERTO GARCIA LARRALDE, ORLANDO OCHOA, JOSE GUERRA, LUIS CARLOS PALACIOS, HECTOR MALAVE MATA, HECTOR SILVA MICHELENA, TEODORO PETKOFF, SARY LEVY, PEDRO PALMA, FRANCISCO FARACO, JOSE MANUEL PUENTE, GUSTAVO ROJAS, RONALD BALZA, CARLOS RAFAEL SILVA, LUIS BELTRÁN PETROSSINI, ISAAC MENCIA, JESUS CASIQUE, ALCIDES VILLALBA.
La economía venezolana viene padeciendo de alta y creciente inflación, lo cual es un problema que se ha vuelto crítico para la población, especialmente para las familias de menores ingresos. La inflación ha tomado fuerza en nuestro ambiente no obstante la vigencia de un régimen de controles de cambio y de precios, y el sostenimiento de un tipo de cambio fijo e invariable desde comienzos de 2005. Las políticas económicas del gobierno, fundamentadas desde 2003 en controles de variada naturaleza, represión económica y vulneración de los principios constitucionales de libertad económica y derecho de propiedad, han generado graves distorsiones en los patrones de producción y consumo. El deterioro de la producción agrícola, la escasa inversión en nueva capacidad productiva industrial y agrícola; la corrupción generalizada, tanto en la administración de los controles como en el funcionamiento ordinario del Estado, que persistentemente se señala en los medios; el estancamiento de la producción petrolera, el colapso de las empresas básicas de Guayana y la insolvencia de las empresas financieras públicas, son todos síntomas de problemas económicos graves, que se han manifestado con mayor virulencia desde que los precios del petróleo iniciaron su drástica declinación en el tercer trimestre de 2008.
En éste contexto, el gobierno presentó un Plan Anticrisis el 21 de marzo de 2009. Las medidas que lo componen se corresponden con una equivocada interpretación fiscalista de la naturaleza de los desequilibrios, además de atribuirlos a supuestas perversiones del mercado y del sistema capitalista, y a conductas desviadas de los paradigmas que se corresponden con el llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Esa interpretación conduce a prescripciones de política ajenas a las causas que provocan los desajustes. Entre las causas reales se inscriben las propias políticas del Estado, las cuales se retroalimentan en respuesta a su ineficacia, enfatizando así su signo distorsionador. La conducción de los asuntos públicos se resume, a gran escala, en un proceso de cambios económicos e institucionales improvisado, cuyo elemento más destacado es la creciente intervención del Estado en la economía como ente regulador, pero también como un productor, altamente ineficiente, de bienes y servicios, devenido en esa condición a través de un proceso errático de expropiaciones y compras coactivas de empresas privadas.
Esta circunstancia, unida a la debilidad de la producción nacional, ha exigido un flujo creciente e insostenible de importaciones, y al desbordamiento del gasto público, lo cual ha exacerbado la dependencia de la actividad petrolera, precisamente cuando se ha revertido el ritmo creciente de los precios internacionales de los hidrocarburos. La severa crisis económica global, intensificada a partir del tercer trimestre de 2008, ha contribuido a agravar el cuadro económico nacional, pero en modo alguno puede ser invocada como la causa originaria de los trastornos que afectan a los venezolanos.
El deterioro institucional
Según la Constitución de 1999, la República es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, organizado en forma Federal con fundamento en el principio de la descentralización. Se preservan en esa Constitución, en general, los derechos civiles, políticos y económicos que ya venían del ordenamiento constitucional precedente. Entre los principios que acoge la Constitución económica se encuentran el de libertad económica y el derecho a la propiedad, limitados solamente en los términos que fijen la Constitución y la ley en función del interés colectivo. La expropiación sólo procede por causa de utilidad pública y social, mediante sentencia firme y mediando el justo pago de indemnización. Estos principios han sido consistentemente vulnerados por el Ejecutivo, con la anuencia y el respaldo de los restantes poderes públicos. Se confiere, además, rango constitucional a la coordinación de políticas macroeconómicas y se consagra, aunque con deficiencias, la autonomía del Banco Central de Venezuela. Estos principios, de aceptación universal, no encuentran correlato en la práctica y, por el contrario, la pérdida de la autonomía del Banco Central, en la ley y en los actos, lo inhabilita para el cumplimiento de sus funciones y diluye la pertinencia de la coordinación interinstitucional.
En agosto de 2007, con el expreso propósito de construir una economía y un Estado Socialista, en abierta violación a lo dispuesto en la Constitución de 1999, el Presidente promovió, mediante un referéndum, la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que permitiría su reelección indefinida, introduciría nuevos conceptos de propiedad de los medios de producción, con el consiguiente debilitamiento del régimen de propiedad privada, y definiría una nueva “Geometría del Poder”, según la cual, se anularía la descentralización y se concentraría un poder omnímodo en el Presidente de la República. Todo ello con el objeto de imponer un sistema de planificación central de la economía y el sometimiento y control de los niveles de gobierno de elección popular, es decir, gobernaciones y alcaldías. Aunque el proyecto fue rechazado por 51% de los votantes, la Asamblea Nacional aprobó, a fines de 2007, el Primer Plan Socialista de la Nación (2007-2013) y en julio de 2008 el Presidente aprobó 26 decretos-leyes compatibles con la reforma derrotada en la consulta.
El desconocimiento de mandatos constitucionales no comenzó en 2007. En julio de 2005 se modificó la Ley del BCV para obligarle a transferir (es decir, entregar sin pago alguno) US $ 6 millardos de las reservas internacionales al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), destinado a cubrir parte del gasto público. Aunque esa debió haber sido la única entrega conforme a la ley, el BCV ha transferido a ese Fondo más de US$ 30.000 millones desde entonces, en virtud de la aplicación de un concepto difuso y arbitrario, cual es, la transferencia de aquella porción de las reservas internacionales que exceda al nivel que se aprecie como adecuado. Como consecuencia de esta nociva práctica, se han exacerbado las causas monetarias de la inflación y, con base en principios contables propios de la banca central, puede afirmarse que el patrimonio del BCV es hoy negativo.
En un sentido más general, se ha intensificado la utilización de las instituciones democráticas con propósitos de retaliación y como medio para neutralizar la oposición política al régimen, por vía de procesos judiciales espurios, mediante la inhabilitación de personas con indiscutible respaldo popular, y para desconocer y anular la voluntad expresada a través del voto en las elecciones regionales.
Las políticas económicas
Desde la aplicación de las medidas de recorte del gasto público en 1999, como consecuencia de la merma en los ingresos petroleros, pasando por las políticas derivadas de la turbulencia política interna y los ataques terroristas a EE UU en los primeros años del siglo y, luego, por una fase de intensa expansión del gasto público en correspondencia con los altos precios del petróleo registrados, fundamentalmente, a partir del año 2008, el país enfrenta, de nuevo, una sensible reducción tanto en los precios como en la producción de hidrocarburos, que ha determinado una mayor presión tributaria y la intención de reducir drásticamente el gasto público. Desde la perspectiva de la política fiscal, la respuesta a los vaivenes del mercado petrolero ha sido la de adaptarse a los cambios, elevando o reduciendo las contribuciones y el gasto público, según el caso. En Venezuela se carece de los mecanismos estabilizadores que reclama su condición de país petrolero y, de hecho, los recursos que existían en el entonces llamado Fondo de Estabilización Macroeconómica, fueron consumidos en dos años. Desde el punto de vista cambiario, persiste la política de sustentar la lucha contra la inflación en la relativa estabilidad del tipo de cambio –como fue el caso hasta 2003– y en los controles administrativos con un tipo de cambio fijo, a partir de ese año.
La conducta fiscal del gobierno ha inducido un patrón de inestabilidad económica que repercute en la producción, el consumo, la inversión y el empleo productivo, y de allí que ha comprometido las posibilidades de desarrollo integral que anunciaba la favorable circunstancia petrolera mantenida por cerca de una década. Así, el aumento en el gasto público que se correspondía con la bonanza petrolera, estimuló la demanda de consumo, con la consecuente repercusión en el crecimiento de la actividad económica no petrolera, principalmente en los sectores financiero, de comunicaciones, construcción y comercio, no tanto así en la manufactura y la agricultura. La abundancia de divisas favoreció un rápido y marcado aumento de las importaciones, que en 2008 alcanzaron US $ 48.095, es decir, 55% de las exportaciones petroleras de ese año. Y, sin embargo, el desequilibrio de los mercados y la incapacidad de la política monetaria del Banco Central, contribuyeron a crear intensas presiones sobre los precios de los bienes, especialmente los de primera necesidad. El gobierno ha enfrentado estas presiones con controles de precios, de cambio y una penetrante represión sobre el aparato productivo privado, cada vez que supone conductas alejadas de sus propios parámetros, los cuales resultan ajenos por completo a las realidades de la economía y de los mercados. Por ello, desde fines de 1998 hasta fines de 2008, el Índice de Precios para Caracas ha crecido 556%. La improvisación ha sido un rasgo consistente de las políticas del Estado. En 2007, por ejemplo, mientras aplicaba la reconversión monetaria, el gobierno presentó un Plan Antiinflacionario, que incluía emisiones de bonos en divisas, la reducción de la alícuota del IVA, ampliación del crédito al sector agrícola y una ley especial contra el acaparamiento, la especulación y el boicot. El corolario de estas medidas fue una aguda escasez de bienes básicos y elevadas tasas de inflación de 22,5% y 31,9% en 2007 y 2008, respectivamente.
El gobierno ha podido hacer mucho más por contener la inflación en beneficio de los sectores de menores ingresos, pues ha dispuesto de ingentes recursos para asegurar el crecimiento de fuentes permanentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Pero es que no existe coherencia en las políticas que aplica, ya que la contraparte de un gasto abultado, con transferencias sociales que conceden dividendos políticos en el corto plazo, ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, un deterioro sostenido en la cantidad y calidad de los servicios públicos, inseguridad e incertidumbre, en cuanto a la capacidad del Estado para enfrentar la crisis que se avecina y en cuanto a la propia integridad de bienes y personas en razón del avance de la violencia de carácter principalmente urbano.
Del Plan Anticrisis de marzo 2009 y otros planes por venir
El precio promedio del barril del petróleo venezolano fue de US$ 86,8 en 2008, por lo que una reducción estimada hasta US$ 40 para 2009, en el contexto de los serios problemas económicos acumulados, representa un impacto de magnitud considerable en el orden económico y social, y de allí, en la gobernabilidad del país. Sin embargo, la situación pudo haber sido distinta si hubiese prevalecido un mínimo de sensatez y de orden en la conducción de los asuntos públicos. Al tomar en cuenta el precio promedio del petróleo que ha prevalecido desde 2004, el gobierno podría disponer hoy de elevados ahorros en el fondo de estabilización que contribuyeran a suavizar los efectos de la caída del ingreso petrolero. Más aún así, si hubiese adoptado una política racional de producción y de comercialización, preservando el interés nacional por encima del interés geopolítico circunstancial. Pero no es ese el caso. En respuesta a su imprevisión, el gobierno puso en marcha un Plan Anticrisis improvisado e incompleto, según el cual, reducirá el gasto presupuestado para 2009 en una proporción tal, que implicaría disminuir el gasto fiscal efectivo en términos reales en más de 30%; incrementó la alícuota del IVA –después de haberla reducido– y, por lo que hoy se conoce, endeudará a la República y a PDVSA por más de US$ 15.000 millones, con lo cual la deuda pública total de ambas entidades podría alcanzar a US $ 75.000 millones al cierre de 2009. Además, el gobierno está aplicando severas restricciones a la entrega de divisas a través de CADIVI, está excluyendo bienes de la lista favorecida con divisas preferenciales, y PDVSA ha intervenido en el mercado de permutas contrariando la ley, no obstante lo cual, el tipo de cambio en ese mercado es superior en más de 200 por ciento al tipo de cambio oficial.
La crisis encuentra a Venezuela con una dependencia casi total del ingreso petrolero, con una empresa petrolera estatal sensiblemente deteriorada en su capacidad gerencial, operativa y financiera, y con un aparato productivo privado que ha sido premeditadamente asfixiado. A ello se agrega el avance del proceso de deterioro institucional, pues los poderes públicos son cada vez más parciales y dependientes del Ejecutivo; el BCV financia el gasto público con las reservas internacionales que deberían respaldar la liquidez monetaria, y relaja su política monetaria para permitir el endeudamiento del gobierno; las cuentas públicas no reflejan transparencia y se han intensificado los alegatos de corrupción, amparada por la impunidad. En este estado de cosas, continuará acentuándose el deterioro económico, social e institucional que afecta a los venezolanos, como consecuencia directa de las políticas en aplicación y por aplicar por parte del gobierno venezolano y del clima de desasosiego que vive el país.
El paquete de medidas de marzo 2009, resulta esencialmente fiscalista, insuficiente, desarticulado y carece de la consistencia mínima para proveer crecimiento y estabilidad económica a Venezuela. Es por ello que no logrará atenuar las presiones inflacionarias, ni la caída del salario real. Sus secuelas serán percibidas por la población en forma más evidente a través del alza de los precios de los alimentos y de otros bienes y servicios, y de la erosión del valor de compra de las transferencias sociales. La escasez de productos nacionales y la inevitable reducción de las importaciones; la paralización de empresas privadas por falta de insumos y la interrupción de obras por falta de pago a contratistas y proveedores del Estado, en especial en los casos de PDVSA y las empresas básicas de Guayana; así como la menor actividad económica en la cadena de empresas relacionadas, generará un creciente desempleo y un proceso continuo de empobrecimiento. Algunos creen que éste cuadro se resolvería automáticamente con sólo elevarse el precio de petróleo. No comprenden la magnitud del daño estructural causado a la economía venezolana. Tampoco consideran la desviación de esfuerzos y de recursos desde las áreas productivas de mayor impacto económico hacia aquellas que se favorecen de las distorsiones generadas por las políticas públicas, entre ellas, la marcada apreciación cambiaria.
Queremos advertir al país sobre este grave cuadro económico, social e institucional, no con el propósito de acentuar la ansiedad que prevalece entre los venezolanos, sino para resaltar el hecho de que los desequilibrios y distorsiones que se vienen conformando en los últimos años, tendrán impactos negativos de importancia sobre la vida de los venezolanos debido a los graves errores de interpretación de la realidad nacional y de diseño y ejecución de las políticas que se llevan a cabo bajo la presente gestión gubernamental.
Suscrito por los economistas:
SARY LEVY, DOMINGO MAZA ZAVALA, PEDRO PALMA, HECTOR SILVA MICHELENA, HECTOR MALAVE MATA, HUMBERTO GARCIA LARRALDE, CARLOS HERNANDEZ DELFINO, ISAAC MENCIA, FRANCISCO FARACO, JOSE GUERRA, ORLANDO OCHOA, VICTOR OLIVO, LUIS CARLOS PALACIOS, TEODORO PETKOFF, RONALD BALZA, JESUS CASIQUE, ALCIDES VILLALBA, WILLIAM CAMACARO.
En un agudo artículo publicado la semana pasada, la revista británica The Economist avizoraba que la derrota electoral sufrida el pasado 2 de diciembre constituía “el comienzo del fin” del chavismo.
Puede que el pronóstico sea demasiado audaz, y por eso mismo discutible. Sin embargo, una cosa luce cierta: estamos en presencia del primer momento en el cual el oficialismo confronta una auténtica crisis interna. Crisis que se produce, por lo demás, no en tiempos primaverales, en esos momentos en los cuales las promesas indican que todo está por hacerse, sino luego de casi diez agotadores y tormentosos años de ejercicio de poder.
El desajuste sistémico que confrontan las fuerzas que acompañan al presidente tiene múltiples expresiones, pero podemos atrevernos a asegurar que encuentran su raíz en un nudo grueso –llamémoslo gordiano: intoxicado con los rigores del ejercicio de poder y con su fama global, Hugo Chávez comienza a evidenciar los primeros síntomas de una cierta desconexión con la realidad.
Forzado ante un llamado que lo hace sentirse continuador del legado iniciado por Fidel Castro, esperanza hemisférica de todos los fetiches de la izquierda clásica, el Hugo Chávez calculador y realista de los primeros años, ese que antes se sentaba a escuchar opiniones, sabía retroceder y hacer concesiones con el objetivo de conservar el poder, está cediéndole el paso a un personaje cada vez más unilateral y atrabiliario, que le otorga un marcado sesgo ideológico a la pertinencia de sus ejecutorias, que tiende a desconfiar de sus allegados y que no permite que nadie le contradiga.
Los efectos de la crisis tienen su onda expansiva. La obra del gobierno, si bien tiene sus éxitos en materia social y asistencial, es un desierto en materia de realidades consolidadas. El prometido partido de la revolución sigue siendo una realidad gelatinosa y voluntarista. El PSUV, en rigor, todavía no existe. Arrecian en el gobierno las intrigas intestinas y las peleas a cuchillo por cuotas de poder. Comienza a extenderse lentamente el cansancio entre cierta burocracia oportunista, y lo que es más grave, entre la militancia silvestre y sinceramente comprometida.
El chavismo, pues, está en crisis. No es la primera vez que confronta una tormenta, pero sí es la primera en la cual el malestar no es impuesto, sino el fruto de una indigestión puertas adentro. Miraflores ha confundido la ilusión de progreso popular de sus seguidores con un diluido fervor revolucionario. De poco valió el coacción emocional, la apuesta a la lealtad, la conseja que le advertía a los venezolanos que un voto por el NO era necesariamente un voto contra Chávez.
La derrota del 2 de diciembre viene a cristalizar la primera disonancia importante entre los objetivos del líder y las aspiraciones de sus seguidores. Una ruptura lenta, que tiene todo el 2007 gestándose, y que tuvo en las observaciones de Margarita López Maya, la renuencia de PPT y el PCV a disolverse en el PSUV, la disidencia de Podemos, las tormentas del fin de la concesión a RCTV y las explosivas declaraciones del ex ministro Raúl Baduel expresiones muy claras y señales de alerta.
El proyecto a pesar de todo. Nada hace pensar, sin embargo, que Chávez y los suyos desistan de sus intenciones y se dispongan a interpretar de manera literal los resultados del referéndum.
Las ejecutorias del chavismo están cada vez más marcadas por un imperativo ideológico y totalizador; dentro de sus filas está enteramente extendida la certeza de que detener la marcha revolucionaria vacía de contenido la presencia del chavismo en el gobierno.
Por lo demás, el gobierno está en crisis, pero ésta no es en modo alguno terminal. El chavismo sigue siendo un movimiento popular, con un programa político extendido, con un líder carismático que sigue siendo querido por muchos, con todo el control del estado, con dinero que hace posible la propagación de sus valores y el anclaje de lealtades. El gobierno puede esperar que termine de llover, calcular una oportunidad más propicia e intentar de nuevo hacer pasar su proyecto por consulta popular.
Los desajustes descritos, sin embargo, hacen complicada la gestación del esperado “segundo aire”: las trabas constitucionales, que en este caso son expresas, complican las excusas para hacer políticamente viable la iniciativa; es presumible que la población comience a evidenciar síntomas de cansancio ante la retahíla de citas electorales que ha vivido la nación desde 1999. Sobre todo cuando estamos en presencia de lo que los abogados denominan una “cosa juzgada”.
En cualquier caso, no nos queden dudas: el gobierno lo intentará de nuevo. Puede recoger firmas, asumido el impacto del golpe de este momento y maquillado el contenido para no condenarlo a la repetición.
Quizás podría llegar a llamar a una nueva Asamblea Constituyente, como una excusa para radicalizar definitivamente el proceso ante la presunta “amenaza” de los demonios conspirativos. La polarización política y la identificación de un enemigo es, por eso mismo, una necesidad existencial para el chavismo. Es un escenario que puede tener lugar si la oposición siente que puede ir por más y repite un escenario similar al del 11 de abril.
De todas formas, ya se ha anotado, buena parte de las propuestas más sensatas de la reforma pueden ser aplicadas sin que ésta tenga lugar: el Ejecutivo probablemente iniciará una ofensiva a partir del contenido legal de la Ley Habilitante, seguirá presionando selectivamente al sector privado y gastará mucho dinero en el fortalecimiento de las iniciativas y formas de producción comunales y colectivas.
Lo que es necesario subrayar es que, al instante de tomarse la fotografía de este momento político, las complicaciones lucen estructurales: en la medida que el gobierno se mueve, agudiza su crisis. Lo confirman las declaraciones de Chávez posteriores al 2 de diciembre. No hay en política derrota que no tenga consecuencias y no pase cobrando sus honorarios. Le ha salido caro al chavismo fijar su fortaleza sobre el mito del invicto. Los cinco motores constituyentes, esos que en enero del año pasado lucían tan temibles, están hoy destartalados y en entredicho: “Moral y Luces” es poco más que una consigna; los Consejos Comunales son una realidad a medias y en veremos, muchos de ellos tomados por la oposición; la “Geometría del Poder” se ha disuelto y la Reforma Constitucional fue negada. Solo el paquete de Leyes Habilitantes sigue siendo un cartucho sin usar.
Cabe esperar que con la autonomía universitaria, el tema educativo y la nacionalización de nuevas empresas el oficialismo le presente a la sociedad nuevos focos de perturbación que justifiquen su ánimo revolucionario. Veremos cómo les hace frente a ellos la sociedad democrática.
Vientos a favor a partir de los aciertos. La oposición, el tupido y fragmentado espacio de la sociedad inconforme con el actual estado de cosas, tiene entre tanto, el viento a favor. Por primera vez en cinco años, y además, con la experiencia aprendida. Por primera vez, no por un golpe de suerte, sino tomando las decisiones correctas.
La sociedad opositora ha descubierto que, después de todo, aún cuando nuestra democracia está desfigurada y estamos muy lejos de un escenario civil escandinavo, votar si vale la pena. El voto no es sólo la consagración de una opinión ciudadana: es un instrumento de presión, un arma de resistencia y un elemento movilizador. El discurso abstencionista y la su prédica gestada desde los sectores radicales parece derrotado. Con el, de la misma forma, la conseja que especulaba que el gobierno estimularía encubiertamente la desconfianza en el voto para mantener a la oposición inmóvil.
Es previsible esperar que las formaciones políticas existentes que defendieron la tesis del voto – Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y en menor medida Copei y el MAS - comiencen a recuperarse.
Con este dato los partidos opositores pueden mover acertadamente sus piezas para intentar recuperar espacios de poder en las próximas elecciones de gobernadores sin que ninguna voz desafortunada los llame traidores.
Mientras lo hacen, la vocería opositora comienza a activar una palabra que tiene eco en la población, ya lejanos los perniciosos efectos de los años 2002 y 2003: la reconciliación nacional. Un mensaje que, con una victoria a cuestas, puede colocar en retirada a eso que han denominado los ni-ni, y que deja al gobierno en una posición complicada: sin un enemigo, el chavismo no sería chavismo; la reconciliación es la negación más acabada de lo que el chavismo quiere, pero no puede aparecer negándolo de manera expresa sin horadar aún más su popularidad.
El 2007 le regaló a la oposición, además, la consolidación de un movimiento estudiantil de dimensiones nacionales, aguerrido y policlasista, democrático, y en sí mismo el termómetro de un invalorable aprendizaje político de todo el cuerpo social. Hijo directo de la crisis de Radio Caracas Televisión, el estudiantado militante en la oposición, mucho más numeroso que el del chavismo, ha refrescado el rostro de su vocería.
Estamos en presencia entonces de un interesante reacomodo político. La oposición en su conjunto se aleja de los cuadros institucionales inestables, puede tenderle la mano al gobierno y pedirle que gobierne. Las tentativas constituyentes formuladas desde esta parcela no han encontrado eco y parecen que están en vías de desaparecer. La figura de Raúl Baduel es un importante factor opositor. Entre otras cosas, hace que el terreno del cuestionamiento tenga expresiones militares de prestigio. Podemos puede abonar mucho en la eventual recomposición de las gobernaciones el año que viene. Ha quedado roto el mito del fraude electoral; se abre un abanico de oportunidades si la ciudadanía y una dirigencia sensata dosifican sus objetivos y los centran en propósitos concretos.
Seguir activando el deshielo bajo la consigna de la reconciliación nacional. Organizar un proyecto político que permita superar el contenido de la consigna “Chávez vete ya”. Organiza una alianza nacional, un entramado en el cual quepa el desacuerdo y esperar la probable nueva arremetida que en algún momento presentará el gobierno. Un escenario que puede tener una vez más, como el 2 de diciembre, un desenlace con consecuencias impensadas para todos. Los agudos problemas económicos de inflación, el desabastecimiento de alimentos básicos y el deterioro del poder adquisitivo del salario a partir del 2008 luego de tres años de recuperación bajo la bonanza petrolera y distorsionantes controles, también influirán el cuadro político que emerge. Este tema, así como la corrupción que socava y divide al chavismo con graves consecuencias sobre el manejo de los dineros públicos del país, serán analizados en los editoriales del 2008.
Los integrantes de Pensar en Venezuela les deseamos a todos nuestros lectores unas felices navidades y éxitos en el 2008.
La Reforma Constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre pasado y sujeta al referendo aprobatorio del próximo 2 de diciembre, introdujo cambios fundamentales en la estructura del Estado y en el contenido esencial de las cláusulas económicas constitucionales. Con respecto a este último punto, es decir, en cuanto atañe al alcance del nuevo conjunto de normas constitucionales que enmarcarían la estructura y funcionamiento de la actividad económica de aprobarse la Reforma, se revela clara y directamente la intención de radicalizar los cambios políticos y económicos que han venido promoviéndose desde 2002, para alcanzar la plena instauración de un Estado Socialista y el modelo único que con él se corresponde.
Este proceso se concibe en la Reforma como una transición de largo plazo, en la cual podrán coexistir –aunque sólo temporalmente– los rasgos de la economía mixta (actividad económica pública y privada) que ha prevalecido en Venezuela y el reconocimiento de la propiedad privada, por un lado; y la asunción gradual del control popular sobre los medios de producción y de distribución de bienes y servicios, por el otro. Y en ese tránsito hacia el modelo de economía socialista, el Poder Ejecutivo quedaría autorizado, en virtud de una disposición transitoria de la Reforma, para regular el proceso mediante decretos y decretos leyes, lo que constituye sólo una de las muchas manifestaciones que asume en la Reforma la concentración de poder en el Ejecutivo, negando así la necesaria división de los poderes públicos y el equilibrio entre ellos que prescriben todas las Constituciones democráticas.
Las estructuras concretas que asume el nuevo orden previsto en la Reforma rompen con principios constitucionales fundamentales presentes en toda sociedad democrática, lo que sólo refuerza la convicción de que el modelo que se pretende implantar en el país es absolutamente incompatible con el ejercicio de las libertades individuales, especialmente con aquellas que en el terreno de lo económico consagra la Constitución vigente. Resumiremos a continuación lo esencial de las reformas constitucionales económicas. En primer lugar, se pierde el principio de la flexibilidad de la Constitución Económica y el libre juego de la pluralidad política para escoger el modelo económico que resulte de la interacción de esas fuerzas. Es decir, se sustituye el modelo flexible y abierto de economía mixta por el modelo único y excluyente de economía socialista, con todo lo que a él asocia en términos de pérdida de espacios de libertad, de oportunidades de progreso y de estabilidad política, social y económica.
Segundo, se suprime en la Reforma el derecho de todo ciudadano a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, es decir, se excluye el principio de la libertad económica que ha regido desde 1811 en todas las Constituciones venezolanas, con diferentes gradaciones al pasar de un derecho absoluto consagrado hasta los tiempos de J. V. Gómez, a un derecho con restricciones a partir de entonces. Aunque tal supresión tropieza con contradicciones insalvables, puesto que por otro lado se promueven en la Reforma empresas de economía social de naturaleza inequívocamente privada, lo cierto es que se revela con claridad que toda actividad económica deberá alinearse con los paradigmas socialistas y promover la consolidación y desarrollo del nuevo modelo. En suma, quedará conculcada la libre elección de la actividad que cada quien desee desarrollar en el campo económico, de conformidad con sus capacidades y deseos.
La nueva redacción del artículo 112, del que se ha suprimido el derecho a la libertad económica, señala que “El Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales…”, todo ello con el objeto de crear “las mejores condiciones para la construcción de una economía socialista”. Esto es, la intervención del Estado en la economía al extremo de dirigir la actividad individual hacia la construcción de un único modelo económico radical y excluyente, tal como se desprende de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Reforma, donde se señala que el proceso de transformación pasa por la destrucción “de los elementos de la vieja sociedad que todavía permanecen (incluyendo el soporte para la lógica del capital)”.
En tercer lugar, el reconocimiento de la propiedad privada queda sensiblemente matizado, primero, por la inserción de distintas formas de propiedad (según el artículo 115 serían propiedad pública, social –directa o indirecta–, colectiva, mixta y privada), en un orden que sugiere que la propiedad privada ocupa la última prioridad; y, segundo y en mayor grado, por la condición expresa de que la propiedad privada sobre los medios de producción se reconoce sólo sobre aquellos bienes legítimamente adquiridos, sin que se asome siquiera alguna luz que permita dotar de contenido al concepto de legitimidad. No queda otro recurso que entender, que el término se refiere a lo que es compatible con el concepto de justicia social en la ideología que sostienen los proponentes del nuevo modelo socialista y no con la condición de legalidad que debe acompañar a la propiedad. Esta interpretación se desprende de la Exposición de Motivos cuando señala que no se niega la propiedad privada siempre y cuando “esté en función social y no para explotar y empobrecer a los demás y con una nueva cultura empresarial, que trabaje honestamente, que se entregue de lleno al trabajo, junto con el Estado y los trabajadores, con una propiedad social de los medios de producción estratégicos a través del Estado”. No se quiere discutir aquí el contenido ético de esa declaración, sino resaltar el sometimiento del derecho de propiedad a condiciones subjetivas que sólo el Estado, de conformidad con las valoraciones del Ejecutivo, podrá establecer si se cumplen o no, y de allí la grave afectación del derecho de propiedad que contempla la Reforma y que afectará a todos los venezolanos por igual.
Cuarto, la iniciativa económica particular tiene como límite aquellas actividades, acuerdos o prácticas que no vulneren los métodos y sistemas de producción social, y está condicionada al desarrollo del modelo de planificación centralizada. En consecuencia, cuando se aprecia esta postura en conjunción con las limitaciones a la propiedad privada y con la supresión de la libertad económica, se reduce entonces a extremos precarios la autonomía personal para emprender, desarrollar o interrumpir actividades económicas.
Quinto, el régimen socio económico de la República ya no se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, productividad y solidaridad, que prevalecen en la Constitución de 1999, sino en principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, de cooperación. Sin embargo, paradójicamente, en el artículo 113 de la Reforma se señala que el Estado “…adoptará las medidas necesarias para asegurar condiciones efectivas de competencia en la economía”. Ya no son el Estado y la iniciativa privada los promotores del desarrollo armónico de la economía nacional, sino que el Estado, conjuntamente con la iniciativa comunitaria, social y personal “garantizará” ese desarrollo.
Por último, se modifica radicalmente el Sistema Monetario Nacional, al señalar que debe propender al logro de los fines esenciales del Estado Socialista. Con base en esa difusa exigencia –alejada por completo de la naturaleza y objeto de los sistemas monetarios en las sociedades modernas– las competencias monetarias del Poder Nacional ya no serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el BCV, sino por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del BCV. En las competencias del Presidente de la República se incluye, además de la administración de la Hacienda Pública, la administración de las reservas internacionales, y el establecimiento y regulación de la política monetaria.
El BCV se convierte, entonces, en simple ejecutor de los dictados del Presidente de la República, en materias que son universalmente propias y exclusivas de la banca central. Se modifica el objeto del BCV hacia el logro de las condiciones monetarias, cambiarias y financieras necesarias para promover el crecimiento y desarrollo económico y social de la nación.
En la Constitución de 1999, que consagró el rango constitucional de la autonomía del Banco Central, éste tenía por objeto lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda, alcances de por sí exigentes dados los instrumentos limitados de los que disponen los bancos centrales, pero en un todo compatibles con su naturaleza y funciones. Es decir, en la Reforma, el combate de la inflación ya no es el objetivo central del BCV, con lo cual se contraría la evolución que modernamente han tenido los bancos centrales en las sociedades democráticas, donde su objeto se ha restringido a crear las condiciones monetarias que favorezcan niveles bajos y estables de inflación, y su autonomía se ha establecido como una condición necesaria para el cumplimiento de ese objeto. A ese punto se ha llegado después de una experiencia de siglos, donde los episodios de crisis financieras e hiperinflación por el desorden causado por los gobiernos –y en algunos casos por bancos centrales al servicio de esos gobiernos– han dejado una estela de ruina y desesperanza.
Al nivel de desarrollo que tiene la banca central hoy, en general, se ha llegado luego de largas y complejas investigaciones, desprovistas de preconcepciones ideológicas; y de haber establecido a nivel empírico, que existe una marcada asociación entre el grado de autonomía de los bancos centrales y el éxito de las políticas antiinflacionarias. La inflación, un impuesto confiscatorio que penaliza con mayor intensidad a los más desposeídos, debería ser el norte de cualquier gobierno movido por el anhelo de la justicia social. Pero, sin embargo, el BCV pasaría a ser, de aprobarse la Reforma, una persona de derecho público, sin autonomía para el ejercicio de las políticas monetaria y cambiaria. Sus funciones quedarán supeditadas a la política económica general del Estado y al Plan de la Nación, para alcanzar los objetivos superiores del Estado Socialista.
El rol del Banco Central de Venezuela quedará reducido al de simple participante en la formulación y ejecución de las políticas que el Estado moderno le atribuye a los bancos centrales de manera exclusiva. Se confunden y se fusionan las categorías de banca central y hacienda pública cuando la responsabilidad del BCV se reduce a manejar las reservas internacionales bajo la administración y dirección del Presidente de la República “como administrador de la Hacienda Pública Nacional”. Se terminan de eliminar así las escasas barreras formales que todavía existen al financiamiento de origen monetario del gasto público; y la inflación será atacada por aquellas vías que le atribuyen la responsabilidad de ese fenómeno sólo a la conducta inescrupulosa de agentes económicos movidos por el afán de lucro y desprovistos de sensibilidad colectiva. El corolario será una intensificación del régimen de controles y de represión financiera, en un ambiente de expansión fiscal y monetaria, con inflación acelerada y mayor escasez. En suma, más pobreza y menos libertad, sería el legado de la Reforma Constitucional si llegase a ser aprobada.
No se trata de un asunto meramente retórico. Hay un desacuerdo relevante entre sectores de la oposición sobre cuál es la estrategia de lucha que se requiere en el corto y mediano plazo. Es un debate genuino sobre cuál es la estrategia políticamente más eficaz para que la oposición pueda avanzar y una discusión que no se puede eludir cuando faltan dos semanas para el Referéndum sobre la propuesta de reforma constitucional del Presidente Chávez. Por ello, vale pena hacer un esfuerzo por contrastar los argumentos disponibles de la manera más desprejuiciada posible, para lo cual organizaremos las líneas que siguen como una discusión de algunas de las premisas más comunes y persuasivas en el discurso de ciertos voceros opositores.....
Pensar en Venezuela. Ese es el nombre que intencionalmente se ha seleccionado para designar a esta asociación civil, de la que quien habla se enorgullece en formar parte, y ese es el principal propósito que nos ha agrupado en este momento particularmente grave de nuestra historia. Pensar a Venezuela en la actualidad involucra algunos supuestos, entre ellos, primero, la voluntad de pensar al país desde un espacio de libertad intelectual; segundo, la necesidad de delinear o prefigurar las principales orientaciones básicas del país deseable y factible, y; tercero, la idea de propiciar, en la medida de lo posible, una zona de acuerdos o entendimientos a partir de una discusión informada sobre la estrategia de desarrollo del país, lo cual pasa por abordar diversas áreas de política pública....