PENSAR EN VENEZUELA

Ver documento

En un agudo artículo publicado la semana pasada, la revista británica The Economist avizoraba que la derrota electoral sufrida el pasado 2 de diciembre constituía “el comienzo del fin” del chavismo.

Puede que el pronóstico sea demasiado audaz, y por eso mismo discutible. Sin embargo, una cosa luce cierta: estamos en presencia del primer momento en el cual el oficialismo confronta una auténtica crisis interna. Crisis que se produce, por lo demás, no en tiempos primaverales, en esos momentos en los cuales las promesas indican que todo está por hacerse, sino luego de casi diez agotadores y tormentosos años de ejercicio de poder.

El desajuste sistémico que confrontan las fuerzas que acompañan al presidente tiene múltiples expresiones, pero podemos atrevernos a asegurar que encuentran su raíz en un nudo grueso –llamémoslo gordiano: intoxicado con los rigores del ejercicio de poder y con su fama global, Hugo Chávez comienza a evidenciar los primeros síntomas de una cierta desconexión con la realidad.

Forzado ante un llamado que lo hace sentirse continuador del legado iniciado por Fidel Castro, esperanza hemisférica de todos los fetiches de la izquierda clásica, el Hugo Chávez calculador y realista de los primeros años, ese que antes se sentaba a escuchar opiniones, sabía retroceder y hacer concesiones con el objetivo de conservar el poder, está cediéndole el paso a un personaje cada vez más unilateral y atrabiliario, que le otorga un marcado sesgo ideológico a la pertinencia de sus ejecutorias, que tiende a desconfiar de sus allegados y que no permite que nadie le contradiga.

Los efectos de la crisis tienen su onda expansiva. La obra del gobierno, si bien tiene sus éxitos en materia social y asistencial, es un desierto en materia de realidades consolidadas. El prometido partido de la revolución sigue siendo una realidad gelatinosa y voluntarista. El PSUV, en rigor, todavía no existe. Arrecian en el gobierno las intrigas intestinas y las peleas a cuchillo por cuotas de poder. Comienza a extenderse lentamente el cansancio entre cierta burocracia oportunista, y lo que es más grave, entre la militancia silvestre y sinceramente comprometida.

El chavismo, pues, está en crisis. No es la primera vez que confronta una tormenta, pero sí es la primera en la cual el malestar no es impuesto, sino el fruto de una indigestión puertas adentro. Miraflores ha confundido la ilusión de progreso popular de sus seguidores con un diluido fervor revolucionario. De poco valió el coacción emocional, la apuesta a la lealtad, la conseja que le advertía a los venezolanos que un voto por el NO era necesariamente un voto contra Chávez.

La derrota del 2 de diciembre viene a cristalizar la primera disonancia importante entre los objetivos del líder y las aspiraciones de sus seguidores. Una ruptura lenta, que tiene todo el 2007 gestándose, y que tuvo en las observaciones de Margarita López Maya, la renuencia de PPT y el PCV a disolverse en el PSUV, la disidencia de Podemos, las tormentas del fin de la concesión a RCTV y las explosivas declaraciones del ex ministro Raúl Baduel expresiones muy claras y señales de alerta.

El proyecto a pesar de todo. Nada hace pensar, sin embargo, que Chávez y los suyos desistan de sus intenciones y se dispongan a interpretar de manera literal los resultados del referéndum.

Las ejecutorias del chavismo están cada vez más marcadas por un imperativo ideológico y totalizador; dentro de sus filas está enteramente extendida la certeza de que detener la marcha revolucionaria vacía de contenido la presencia del chavismo en el gobierno.

Por lo demás, el gobierno está en crisis, pero ésta no es en modo alguno terminal. El chavismo sigue siendo un movimiento popular, con un programa político extendido, con un líder carismático que sigue siendo querido por muchos, con todo el control del estado, con dinero que hace posible la propagación de sus valores y el anclaje de lealtades. El gobierno puede esperar que termine de llover, calcular una oportunidad más propicia e intentar de nuevo hacer pasar su proyecto por consulta popular.

Los desajustes descritos, sin embargo, hacen complicada la gestación del esperado “segundo aire”: las trabas constitucionales, que en este caso son expresas, complican las excusas para hacer políticamente viable la iniciativa; es presumible que la población comience a evidenciar síntomas de cansancio ante la retahíla de citas electorales que ha vivido la nación desde 1999. Sobre todo cuando estamos en presencia de lo que los abogados denominan una “cosa juzgada”.

En cualquier caso, no nos queden dudas: el gobierno lo intentará de nuevo. Puede recoger firmas, asumido el impacto del golpe de este momento y maquillado el contenido para no condenarlo a la repetición.

Quizás podría llegar a llamar a una nueva Asamblea Constituyente, como una excusa para radicalizar definitivamente el proceso ante la presunta “amenaza” de los demonios conspirativos. La polarización política y la identificación de un enemigo es, por eso mismo, una necesidad existencial para el chavismo. Es un escenario que puede tener lugar si la oposición siente que puede ir por más y repite un escenario similar al del 11 de abril.

De todas formas, ya se ha anotado, buena parte de las propuestas más sensatas de la reforma pueden ser aplicadas sin que ésta tenga lugar: el Ejecutivo probablemente iniciará una ofensiva a partir del contenido legal de la Ley Habilitante, seguirá presionando selectivamente al sector privado y gastará mucho dinero en el fortalecimiento de las iniciativas y formas de producción comunales y colectivas.

Lo que es necesario subrayar es que, al instante de tomarse la fotografía de este momento político, las complicaciones lucen estructurales: en la medida que el gobierno se mueve, agudiza su crisis. Lo confirman las declaraciones de Chávez posteriores al 2 de diciembre. No hay en política derrota que no tenga consecuencias y no pase cobrando sus honorarios. Le ha salido caro al chavismo fijar su fortaleza sobre el mito del invicto. Los cinco motores constituyentes, esos que en enero del año pasado lucían tan temibles, están hoy destartalados y en entredicho: “Moral y Luces” es poco más que una consigna; los Consejos Comunales son una realidad a medias y en veremos, muchos de ellos tomados por la oposición; la “Geometría del Poder” se ha disuelto y la Reforma Constitucional fue negada. Solo el paquete de Leyes Habilitantes sigue siendo un cartucho sin usar.

Cabe esperar que con la autonomía universitaria, el tema educativo y la nacionalización de nuevas empresas el oficialismo le presente a la sociedad nuevos focos de perturbación que justifiquen su ánimo revolucionario. Veremos cómo les hace frente a ellos la sociedad democrática.

Vientos a favor a partir de los aciertos. La oposición, el tupido y fragmentado espacio de la sociedad inconforme con el actual estado de cosas, tiene entre tanto, el viento a favor. Por primera vez en cinco años, y además, con la experiencia aprendida. Por primera vez, no por un golpe de suerte, sino tomando las decisiones correctas.

La sociedad opositora ha descubierto que, después de todo, aún cuando nuestra democracia está desfigurada y estamos muy lejos de un escenario civil escandinavo, votar si vale la pena. El voto no es sólo la consagración de una opinión ciudadana: es un instrumento de presión, un arma de resistencia y un elemento movilizador. El discurso abstencionista y la su prédica gestada desde los sectores radicales parece derrotado. Con el, de la misma forma, la conseja que especulaba que el gobierno estimularía encubiertamente la desconfianza en el voto para mantener a la oposición inmóvil.

Es previsible esperar que las formaciones políticas existentes que defendieron la tesis del voto – Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y en menor medida Copei y el MAS - comiencen a recuperarse.

Con este dato los partidos opositores pueden mover acertadamente sus piezas para intentar recuperar espacios de poder en las próximas elecciones de gobernadores sin que ninguna voz desafortunada los llame traidores.

Mientras lo hacen, la vocería opositora comienza a activar una palabra que tiene eco en la población, ya lejanos los perniciosos efectos de los años 2002 y 2003: la reconciliación nacional. Un mensaje que, con una victoria a cuestas, puede colocar en retirada a eso que han denominado los ni-ni, y que deja al gobierno en una posición complicada: sin un enemigo, el chavismo no sería chavismo; la reconciliación es la negación más acabada de lo que el chavismo quiere, pero no puede aparecer negándolo de manera expresa sin horadar aún más su popularidad.

El 2007 le regaló a la oposición, además, la consolidación de un movimiento estudiantil de dimensiones nacionales, aguerrido y policlasista, democrático, y en sí mismo el termómetro de un invalorable aprendizaje político de todo el cuerpo social. Hijo directo de la crisis de Radio Caracas Televisión, el estudiantado militante en la oposición, mucho más numeroso que el del chavismo, ha refrescado el rostro de su vocería.

Estamos en presencia entonces de un interesante reacomodo político. La oposición en su conjunto se aleja de los cuadros institucionales inestables, puede tenderle la mano al gobierno y pedirle que gobierne. Las tentativas constituyentes formuladas desde esta parcela no han encontrado eco y parecen que están en vías de desaparecer. La figura de Raúl Baduel es un importante factor opositor. Entre otras cosas, hace que el terreno del cuestionamiento tenga expresiones militares de prestigio. Podemos puede abonar mucho en la eventual recomposición de las gobernaciones el año que viene. Ha quedado roto el mito del fraude electoral; se abre un abanico de oportunidades si la ciudadanía y una dirigencia sensata dosifican sus objetivos y los centran en propósitos concretos.

Seguir activando el deshielo bajo la consigna de la reconciliación nacional. Organizar un proyecto político que permita superar el contenido de la consigna “Chávez vete ya”. Organiza una alianza nacional, un entramado en el cual quepa el desacuerdo y esperar la probable nueva arremetida que en algún momento presentará el gobierno. Un escenario que puede tener una vez más, como el 2 de diciembre, un desenlace con consecuencias impensadas para todos. Los agudos problemas económicos de inflación, el desabastecimiento de alimentos básicos y el deterioro del poder adquisitivo del salario a partir del 2008 luego de tres años de recuperación bajo la bonanza petrolera y distorsionantes controles, también influirán el cuadro político que emerge. Este tema, así como la corrupción que socava y divide al chavismo con graves consecuencias sobre el manejo de los dineros públicos del país, serán analizados en los editoriales del 2008.

Los integrantes de Pensar en Venezuela les deseamos a todos nuestros lectores unas felices navidades y éxitos en el 2008.

Ver documento

La Reforma Constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre pasado y sujeta al referendo aprobatorio del próximo 2 de diciembre, introdujo cambios fundamentales en la estructura del Estado y en el contenido esencial de las cláusulas económicas constitucionales. Con respecto a este último punto, es decir, en cuanto atañe al alcance del nuevo conjunto de normas constitucionales que enmarcarían la estructura y funcionamiento de la actividad económica de aprobarse la Reforma, se revela clara y directamente la intención de radicalizar los cambios políticos y económicos que han venido promoviéndose desde 2002, para alcanzar la plena instauración de un Estado Socialista y el modelo único que con él se corresponde.

Este proceso se concibe en la Reforma como una transición de largo plazo, en la cual podrán coexistir –aunque sólo temporalmente– los rasgos de la economía mixta (actividad económica pública y privada) que ha prevalecido en Venezuela y el reconocimiento de la propiedad privada, por un lado; y la asunción gradual del control popular sobre los medios de producción y de distribución de bienes y servicios, por el otro. Y en ese tránsito hacia el modelo de economía socialista, el Poder Ejecutivo quedaría autorizado, en virtud de una disposición transitoria de la Reforma, para regular el proceso mediante decretos y decretos leyes, lo que constituye sólo una de las muchas manifestaciones que asume en la Reforma la concentración de poder en el Ejecutivo, negando así la necesaria división de los poderes públicos y el equilibrio entre ellos que prescriben todas las Constituciones democráticas.

Las estructuras concretas que asume el nuevo orden previsto en la Reforma rompen con principios constitucionales fundamentales presentes en toda sociedad democrática, lo que sólo refuerza la convicción de que el modelo que se pretende implantar en el país es absolutamente incompatible con el ejercicio de las libertades individuales, especialmente con aquellas que en el terreno de lo económico consagra la Constitución vigente. Resumiremos a continuación lo esencial de las reformas constitucionales económicas. En primer lugar, se pierde el principio de la flexibilidad de la Constitución Económica y el libre juego de la pluralidad política para escoger el modelo económico que resulte de la interacción de esas fuerzas. Es decir, se sustituye el modelo flexible y abierto de economía mixta por el modelo único y excluyente de economía socialista, con todo lo que a él asocia en términos de pérdida de espacios de libertad, de oportunidades de progreso y de estabilidad política, social y económica.

Segundo, se suprime en la Reforma el derecho de todo ciudadano a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, es decir, se excluye el principio de la libertad económica que ha regido desde 1811 en todas las Constituciones venezolanas, con diferentes gradaciones al pasar de un derecho absoluto consagrado hasta los tiempos de J. V. Gómez, a un derecho con restricciones a partir de entonces. Aunque tal supresión tropieza con contradicciones insalvables, puesto que por otro lado se promueven en la Reforma empresas de economía social de naturaleza inequívocamente privada, lo cierto es que se revela con claridad que toda actividad económica deberá alinearse con los paradigmas socialistas y promover la consolidación y desarrollo del nuevo modelo. En suma, quedará conculcada la libre elección de la actividad que cada quien desee desarrollar en el campo económico, de conformidad con sus capacidades y deseos.

La nueva redacción del artículo 112, del que se ha suprimido el derecho a la libertad económica, señala que “El Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales…”, todo ello con el objeto de crear “las mejores condiciones para la construcción de una economía socialista”. Esto es, la intervención del Estado en la economía al extremo de dirigir la actividad individual hacia la construcción de un único modelo económico radical y excluyente, tal como se desprende de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Reforma, donde se señala que el proceso de transformación pasa por la destrucción “de los elementos de la vieja sociedad que todavía permanecen (incluyendo el soporte para la lógica del capital)”.

En tercer lugar, el reconocimiento de la propiedad privada queda sensiblemente matizado, primero, por la inserción de distintas formas de propiedad (según el artículo 115 serían propiedad pública, social –directa o indirecta–, colectiva, mixta y privada), en un orden que sugiere que la propiedad privada ocupa la última prioridad; y, segundo y en mayor grado, por la condición expresa de que la propiedad privada sobre los medios de producción se reconoce sólo sobre aquellos bienes legítimamente adquiridos, sin que se asome siquiera alguna luz que permita dotar de contenido al concepto de legitimidad. No queda otro recurso que entender, que el término se refiere a lo que es compatible con el concepto de justicia social en la ideología que sostienen los proponentes del nuevo modelo socialista y no con la condición de legalidad que debe acompañar a la propiedad. Esta interpretación se desprende de la Exposición de Motivos cuando señala que no se niega la propiedad privada siempre y cuando “esté en función social y no para explotar y empobrecer a los demás y con una nueva cultura empresarial, que trabaje honestamente, que se entregue de lleno al trabajo, junto con el Estado y los trabajadores, con una propiedad social de los medios de producción estratégicos a través del Estado”. No se quiere discutir aquí el contenido ético de esa declaración, sino resaltar el sometimiento del derecho de propiedad a condiciones subjetivas que sólo el Estado, de conformidad con las valoraciones del Ejecutivo, podrá establecer si se cumplen o no, y de allí la grave afectación del derecho de propiedad que contempla la Reforma y que afectará a todos los venezolanos por igual.

Cuarto, la iniciativa económica particular tiene como límite aquellas actividades, acuerdos o prácticas que no vulneren los métodos y sistemas de producción social, y está condicionada al desarrollo del modelo de planificación centralizada. En consecuencia, cuando se aprecia esta postura en conjunción con las limitaciones a la propiedad privada y con la supresión de la libertad económica, se reduce entonces a extremos precarios la autonomía personal para emprender, desarrollar o interrumpir actividades económicas.

Quinto, el régimen socio económico de la República ya no se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, productividad y solidaridad, que prevalecen en la Constitución de 1999, sino en principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, de cooperación. Sin embargo, paradójicamente, en el artículo 113 de la Reforma se señala que el Estado “…adoptará las medidas necesarias para asegurar condiciones efectivas de competencia en la economía”. Ya no son el Estado y la iniciativa privada los promotores del desarrollo armónico de la economía nacional, sino que el Estado, conjuntamente con la iniciativa comunitaria, social y personal “garantizará” ese desarrollo.

Por último, se modifica radicalmente el Sistema Monetario Nacional, al señalar que debe propender al logro de los fines esenciales del Estado Socialista. Con base en esa difusa exigencia –alejada por completo de la naturaleza y objeto de los sistemas monetarios en las sociedades modernas– las competencias monetarias del Poder Nacional ya no serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el BCV, sino por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del BCV. En las competencias del Presidente de la República se incluye, además de la administración de la Hacienda Pública, la administración de las reservas internacionales, y el establecimiento y regulación de la política monetaria.

El BCV se convierte, entonces, en simple ejecutor de los dictados del Presidente de la República, en materias que son universalmente propias y exclusivas de la banca central. Se modifica el objeto del BCV hacia el logro de las condiciones monetarias, cambiarias y financieras necesarias para promover el crecimiento y desarrollo económico y social de la nación.

En la Constitución de 1999, que consagró el rango constitucional de la autonomía del Banco Central, éste tenía por objeto lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda, alcances de por sí exigentes dados los instrumentos limitados de los que disponen los bancos centrales, pero en un todo compatibles con su naturaleza y funciones. Es decir, en la Reforma, el combate de la inflación ya no es el objetivo central del BCV, con lo cual se contraría la evolución que modernamente han tenido los bancos centrales en las sociedades democráticas, donde su objeto se ha restringido a crear las condiciones monetarias que favorezcan niveles bajos y estables de inflación, y su autonomía se ha establecido como una condición necesaria para el cumplimiento de ese objeto. A ese punto se ha llegado después de una experiencia de siglos, donde los episodios de crisis financieras e hiperinflación por el desorden causado por los gobiernos –y en algunos casos por bancos centrales al servicio de esos gobiernos– han dejado una estela de ruina y desesperanza.

Al nivel de desarrollo que tiene la banca central hoy, en general, se ha llegado luego de largas y complejas investigaciones, desprovistas de preconcepciones ideológicas; y de haber establecido a nivel empírico, que existe una marcada asociación entre el grado de autonomía de los bancos centrales y el éxito de las políticas antiinflacionarias. La inflación, un impuesto confiscatorio que penaliza con mayor intensidad a los más desposeídos, debería ser el norte de cualquier gobierno movido por el anhelo de la justicia social. Pero, sin embargo, el BCV pasaría a ser, de aprobarse la Reforma, una persona de derecho público, sin autonomía para el ejercicio de las políticas monetaria y cambiaria. Sus funciones quedarán supeditadas a la política económica general del Estado y al Plan de la Nación, para alcanzar los objetivos superiores del Estado Socialista.

El rol del Banco Central de Venezuela quedará reducido al de simple participante en la formulación y ejecución de las políticas que el Estado moderno le atribuye a los bancos centrales de manera exclusiva. Se confunden y se fusionan las categorías de banca central y hacienda pública cuando la responsabilidad del BCV se reduce a manejar las reservas internacionales bajo la administración y dirección del Presidente de la República “como administrador de la Hacienda Pública Nacional”. Se terminan de eliminar así las escasas barreras formales que todavía existen al financiamiento de origen monetario del gasto público; y la inflación será atacada por aquellas vías que le atribuyen la responsabilidad de ese fenómeno sólo a la conducta inescrupulosa de agentes económicos movidos por el afán de lucro y desprovistos de sensibilidad colectiva. El corolario será una intensificación del régimen de controles y de represión financiera, en un ambiente de expansión fiscal y monetaria, con inflación acelerada y mayor escasez. En suma, más pobreza y menos libertad, sería el legado de la Reforma Constitucional si llegase a ser aprobada.

Ver documento

No se trata de un asunto meramente retórico. Hay un desacuerdo relevante entre sectores de la oposición sobre cuál es la estrategia de lucha que se requiere en el corto y mediano plazo. Es un debate genuino sobre cuál es la estrategia políticamente más eficaz para que la oposición pueda avanzar y una discusión que no se puede eludir cuando faltan dos semanas para el Referéndum sobre la propuesta de reforma constitucional del Presidente Chávez. Por ello, vale pena hacer un esfuerzo por contrastar los argumentos disponibles de la manera más desprejuiciada posible, para lo cual organizaremos las líneas que siguen como una discusión de algunas de las premisas más comunes y persuasivas en el discurso de ciertos voceros opositores.....